Pronunciamiento Del Ccti Acerca De La Capacitación Del “Grupo Especial Táctico” De León En Tortura
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) considera el caso del entrenamiento de la policía de León como paradigmático de lo que ocurre con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, no solamente en Guanajuato y en México, sino en el plano global, por lo que merece ser explicado, con el fin de confrontar a los verdaderos perpetradores y a las causas sociales, políticas y económicas que producen la tortura y la impunidad.
De acuerdo con la ya considerable experiencia del CCTI, el patrón más o menos estandarizado de la tortura en el país hacía suponer que los perpetradores de la tortura recibían una capacitación sistemática. El escándalo de la policía leonesa sólo viene a confirmar nuestros supuestos.
La noticia sobre el entrenamiento de policías de León, Guanajuato, mediante la tortura ha recorrido el mundo como reguero de pólvora. Por una extraña razón, no hay contradicciones mayores por cuanto a la noticia misma, aunque las declaraciones e interpretaciones al respecto son variopintas y en ningún caso llegan al fondo del asunto. Revisemos las notas, para fundamentar esta última afirmación.
a) Los hechos
El Grupo Especial Táctico (GET) fue creado en 1995, luego que el Partido Acción Nacional ganó la alcaldía de León, a raíz de un intento de fuga en la prisión municipal, y desde hace cuatro administraciones panistas los policías de esa corporación reciben capacitación como la que se muestra en los videos.
El curso de capacitación a la policía de León se aplicó durante 160 horas en 12 días. Entre las enseñanzas que reciben los agentes leoneses está el “tehuacanazo”, que consiste en inyectar agua mineral por las fosas nasales al interrogado. También se instruye a los policías para que amarren a los detenidos, les cubran el rostro con bolsas de plástico y les metan la cabeza a una fosa llena de excremento, técnica conocida como el “pocito”.
Los videos difundidos se grabaron en abril. Muestran claramente cómo los policías leoneses reciben cursos sobre tortura a detenidos, actos sexuales de policías con empleadas en oficinas de la corporación, y castigos corporales. El capacitador hace las grabaciones para observar y corregir con base en el ensayo. El gobierno municipal confirmó la autenticidad de todos los videos.
El Fortín de Albarradones es una construcción de propiedad federal que se encuentra en total abandono. Desde hace al menos ocho años, elementos de la policía local no sólo entrenan en el lugar, sino incluso juegan gotcha. La Policía de León ha tomado este sitio de propiedad federal y fuera de sus instalaciones oficiales, para sus prácticas clandestinas.
Carlos Tornero Salinas, quien fue jefe de la policía capitalina, es actualmente director de la policía municipal de León, hermano de Mauricio e hijo del psiquiatra Carlos Tornero Díaz, ex jefe policiaco en el Distrito Federal y ex director de las prisiones de máxima seguridad respectivamente. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Álvar Cabeza de Vaca, es primo del ex Procurador General de la República.
Dos instructores, uno inglés y el otro mexicano-cubano, fueron contratados por la Secretaría de Seguridad Pública de León para la formación del GET, de la policía municipal local, que de acuerdo con los videos, fueron entrenados en situaciones extremas y en prácticas de tortura durante 160 horas. Los capacitadores son el británico “Jerry Wilson” y “Gerardo Arrechea”, socios de una empresa dedicada al entrenamiento de grupos de élite policial. El segundo es director e instructor en jefe de la “Free Fight Academy”; además de las clases de artes marciales, ofrece un seminario de prevención del crimen y otro de combate táctico defensivo denominado Palo-Cuchillo-Mano, dirigido a especialistas de seguridad policial y militar, aunque también capacita a niños.
Dichos instructores fueron contratados por el Centro de Formación Policial en marzo por recomendación de Carlos Tornero Salinas. Sin embargo, la embajada británica informó que no hay un convenio de capacitación de su gobierno con la policía de León, y tampoco tienen registrado a Jerry Wilson como personal autorizado para participar de manera oficial en entrenamiento de este tipo.
El ombudsman Manuel Vidaurri Aréchiga dictó una medida precautoria para suspender en forma temporal la capacitación y comentó que compartió con el primer visitador de la CNDH su preocupación sobre la posibilidad de que en otras entidades se esté dando una capacitación similar a la de los policías de León.
b) Las declaraciones
El gobernador de Guanajuato, dijo que una de las grabaciones es “hechiza”.
El alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso, declaró que si bien los policías reciben entrenamiento en “tácticas de tortura”, éstas no son para aplicarse con la ciudadanía, sino “para que ellos puedan resistir y hacer frente a esas situaciones”. Las tácticas enseñadas son parte de un entrenamiento que no se va a suspender. Los entrenamientos impartidos a miembros del Grupo Especial Táctico (GET) de la policía municipal de León, Guanajuato, para enseñarlos a torturar continuarán y ningún funcionario será destituido. Se informó que uno de los instructores que golpea repetidamente a una de las cadetes del Centro de Formación fue destituido de su cargo. Un día después que asegurara que “le valían Wilson” las críticas por las prácticas de tortura aplicadas en los cursos de capacitación del Grupo Táctico de la Policía municipal, el alcalde notificó hoy por escrito al ombudsman estatal que suspendería ese adiestramiento.
Tornero señaló primero que con la capacitación se pretende que los policías resistan situaciones adversas; después dijo que cuanto aparece en los videos son simulaciones de tortura.
El secretario de Seguridad Pública del municipio, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, aceptó que los elementos del GET recibieron un “curso de técnicas de tortura, por la necesidad de tener grupos perfectamente preparados para combatir al crimen organizado”. Justificó que en su dependencia se entrene a los policías para torturar, porque “se requiere tener un grupo especial que responda a ciertas condiciones. Vemos claramente cada vez más la inclusión (sic), no sólo en León, sino en todo el estado, del crimen organizado, y necesariamente hay que tener estos grupos”. El funcionario municipal argumentó que el curso no fue obligatorio. Los participantes “sabían de que se trataba. Es una capacitación extrema para situaciones extremas”.
La policía de León tiene un manejo profesional, con instructores de altas condiciones…
Los cursos de tortura se imparten a elementos de la corporación para que puedan enfrentar situaciones de “alto estrés”, pero “esto no implica que se esté adiestrando para la aplicación de medios de tortura”.
Federico Chowell Arenas, procurador de Justicia del estado dijo: “Tenemos diferentes esquemas para buscar que se respeten los derechos humanos desde la propia capacitación, pues se les dan cursos en la materia, además del trabajo de la Unidad de Asuntos Internos”.
El panista Juan Huerta Montero, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, defendió a la policía leonesa, Justificó las “prácticas extremas” de capacitación de los policías. “Si tú eres un policía y quieres ascender a un puesto diferente, a un puesto de más alta encomienda, es obvio que te debes de capacitar en el área en la que vas a entrar… Entonces creo que, aunque sea tortura, pues tienes que estar preparado precisamente para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a los que vas a proteger y debes de saber qué es tortura para empezar (sic)”. El área de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN difundió un comunicado en donde atribuye al mismo diputado Juan Huerta Montero una declaración “en contra de la tortura contra cualquier ciudadano o como parte de la capacitación a elementos de los cuerpos de seguridad”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luís Díaz del Castillo, señaló que “se requieren muchos rambos” que estén bien capacitados para cumplir con su tarea. El sector empresarial de León respaldó el entrenamiento extremo que reciben los policías locales: Más de 50 empresarios publicaron en un periódico un desplegado en el cual apoyan al alcalde de León y a Cabeza de Vaca porque “no estamos de acuerdo con que la mala información y el manejo subjetivo de los hechos (los videos) nos desprestigien y ensucien en el país y en el mundo”. A los funcionarios involucrados en casos de tortura les piden que “pese a los ataques, no aflojen el paso contra la inseguridad”.
En otro desplegado, firmado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de León, Samuel Pérez, y por el de la Coparmex, Aurelio Martínez, se exige una investigación “hasta sus últimas consecuencias”, no de las torturas, sino “de quienes pretenden desestabilizar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública”.
También hubo opiniones locales en contra: “Si para el alcalde y su secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, todo eso es normal, también será normal que se violen las garantías de los ciudadanos. Parece que no saben qué son los derechos humanos, ni que nada justifica que un delito se combata con otro”, afirmó una legisladora en la capital de Guanajuato, luego de la toma de protesta de policías ministeriales.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso dijo que en el área de Seguridad Pública estas prácticas son indispensables. “Alguien tendrá que responder, dar muchas explicaciones y convencer a la ciudadanía”, afirmó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga ¿Acaso es función de las Comisiones de Derechos Humanos convencer a la opinión pública de las bondades de la tortura?
Amnistía Internacional esta “preocupada”. Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emitir una recomendación para cancelar ese entrenamiento.
El ex presidente del Episcopado Mexicano y arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, se deslindó rechazando categóricamente el adiestramiento que recibe la policía municipal de esa localidad, y pidió a los ciudadanos tener “valentía” para denunciar cualquier violación a los derechos humanos cometida por la autoridad.
c) Las interpretaciones “progresistas”
Las imágenes difundidas por el diario guanajuatense El Heraldo de León, en las que se observa a elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de esa ciudad torturar a algunos de sus compañeros bajo las instrucciones de un extranjero, dan cuenta de una situación ilegal, inhumana, vergonzosa y condenable, que se agrava con los ominosos intentos de justificación que las autoridades locales han proporcionado al respecto.
Una corporación legal, como es la policía de León, no puede incurrir en prácticas ilegales y mucho menos institucionalizarlas entre sus miembros. Cabe recordar que la tortura es, en cualquiera de sus expresiones y sin importar a quién se le aplique, tipificada como un delito en los ámbitos estatal y federal, y proscrita por la legalidad internacional en acuerdos de los que nuestro país es signatario. Exaltar o difundir el modus operandi de un delito, es una apología, que es también delito y que debe investigarse.
El “curso” del GET y sus justificaciones recuerdan, de manera inevitable, los vericuetos conceptuales elaborados por el gobierno de George W. Bush para legalizar la tortura en Estados Unidos mediante regresiones judiciales que permiten, entre otras cosas, la aplicación de tormentos “moderados” a ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente considerados “combatientes enemigos”, y cuyo reflejo más atroz – pero no el único – es el trato infrahumano que han recibido los prisioneros de guerra en las cárceles de Guantánamo y de Abu Ghraib.
d) Postura del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
La tortura es una intervención del poder del estado, con el fin de dañar la integridad física y psíquica para anular a la persona y destruir su dignidad, con lo que a la vez afecta a la familia y la comunidad, generando terror en la sociedad en general.
Esto quiere decir que quedan excluidas de esta definición otras formas de violencia ejercidas por particulares; también significa que el perpetrador de la tortura es el gobierno, pero no sólo éste, sino todas las estructuras sociales que sirven al mantenimiento del statu quo en la sociedad, particularmente en sociedades con grandes desigualdades y que, por ello, serían inestables y disfuncionales de no existir mecanismos duros de control. Dicho sin eufemismos, en nuestra sociedad, el perpetrador de la tortura, en última instancia, es el conjunto de empresarios que requiere de la represión – hoy extrema – para mantener la explotación de los trabajadores y la opresión de los sectores más pobres de la sociedad.
Así, el conjunto de grandes empresarios nacionales y transnacionales producen y se benefician con la instauración del terror de Estado que anula, al menos temporalmente, a las fuerzas políticas de oposición. El terrorismo de Estado tiene – al menos – tres pilares de sustentación: La tortura, la desaparición forzada y la impunidad, que impactan a la sociedad de manera simultánea y combinada.
Para ello, el Estado – siempre al servicio del mantenimiento del poder – dosifica la tortura, la desaparición forzada y la impunidad, de acuerdo con el grado de intensidad de las luchas sociales o, si se quiere, con el grado de inconformidad social. Para ello diluye en más o en menos la represión con reformas democráticas de ejercicio del poder, al mismo tiempo que utiliza el doble discurso, el rumor, la incertidumbre y otras formas de guerra psicológica.
De esta manera, el Estado – y no solamente el gobierno, sino los organismos patronales, los medios masivos, las jerarquías superiores de las congregaciones religiosas y otras instituciones de poder – instaura un autoritarismo que le asegure la conservación de privilegios para el sector minoritario pero pudiente de la sociedad. Para ello, el Estado requiere del ejército, la policía militarizada y de las fuerzas paramilitares; los integrantes de estas fuerzas represivas deben ser adiestrados para cumplir con tareas cada vez más violentas y que, además, sean ejemplares.
La tortura se propone la destrucción de la persona. Pero cuando es aplicada a sus futuros ejecutores, los re-construye con una nueva identidad, la de “salvadores de la Patria y de los valores cristianos”, de manera que no puedan reconocer a las personas diferentes como tales, sino como “terroristas”, “criminales organizados”, “indios”, enemigos precisamente de “Dios” y de “la Patria”. Esta destrucción y re-construcción de soldados, policías y paramilitares es efectuada por personal con formación científica, dotada de métodos diseñados por médicos, psicólogos, antropólogos, estrategas políticos y otras personas con altos grados académicos. Es obvio que en un mundo “globalizado”, la tortura también está “globalizada”, esto es, el diseño de técnicas de tortura y la capacitación de torturadores es internacional; para ello están no solamente la “Escuela de las Américas” y sus similares, sino también los instructores con experiencia adquirida en Irak, Afganistán, Guantánamo, Israel, el País Vasco o en las “guerras sucias” de América Latina.
En fin, para que la tortura – que formalmente es ilegal – sea eficaz, debe ser negada ante la población en general, pero reconocida como ejemplar por los sectores sociales real y potencialmente opositores al Estado. Con este fin, la información es “filtrada” a la prensa y la televisión, rodeada de un discurso confuso y contradictorio.
Hemos presentado la información de los hechos, de las declaraciones y de las interpretaciones de manera que se pueda ordenar de acuerdo con lo escrito en este acápite. Es de hacerse notar el enorme entretejido de complicidades que se pone en acción en el caso de la tortura: Policías, organizaciones mercenarias internacionales, funcionarios locales, estatales y federales, comisiones de “derechos humanos”, y sobre todos ellos, los empresarios. He ahí el verdadero crimen organizado.
Queda una pregunta terrible: ¿Es posible combatir con éxito a la tortura? El CCTI responde que SI, que, en tanto cambia el orden social, es posible obligar al Estado a reducir el empleo de la tortura. También es posible disminuir sus efectos.
Para ello es preciso, primero, reconocer de dónde viene el mal, luego, denunciar todos los hechos de tortura y en tercer lugar, aplicar las leyes nacionales e internacionales a perpetradores, cómplices y autores intelectuales, incluyendo en este caso a los empresarios, culpables – al menos – de apología de la violencia, si no es que de financiamiento y apoyo logístico de la capacitación para la tortura.
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