Primer Año del Gobierno Calderonista
1. El discurso
La actual administración del presidente Calderón no se pronunció desde el principio sobre los derechos humanos; al contrario, su mensaje al mostrarse insistentemente con el ejército fue que gobernaría con mano de hierro. El sonado caso de violación tumultuaria, lesiones y homicidio de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, realizada por militares pertenecientes al 63ª Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de febrero de 2007, muestra la verdadera naturaleza del gobierno: Los testimonios de ella misma antes de morir, de la comunidad, de sus familiares y de los médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz que realizaron la primera necropsia establecen, sin lugar a dudas, que doña Ernestina fue torturada sexualmente, lo que le provocó la muerte por contusión visceral y hemorragia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos avaló la declaración de Felipe Calderón, en el sentido de que la segunda necropsia establecía el diagnóstico de “gastritis”; a tal desatino siguió una intensa campaña mediática y el juicio penal de los médicos forenses por “haber falseado los datos de la autopsia”.
Por otra parte a la administración actual le quedó el pendiente de la anterior de implementar y definir la estructura operativa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya en funciones, decretó que el MNPT estará a cargo de la “tercera visitaduría” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cancelando así el enorme esfuerzo de dos años de cabildeo desplegado por las organizaciones independientes de derechos humanos, que fueron simplemente echadas de lado.
Soraya Long, directora general y directora para América Latina del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), declaró en su visita de junio, que en nuestro país aún persisten la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la violencia contra la mujer, «elementos que colocan a México como un país contradictorio, pues mientras a escala internacional es un paladín de los derechos humanos, en su realidad interior no hay cambios sustanciales en la materia».
En la reunión que la Sra. Irene Khan sostuvo con Felipe Calderón en agosto el Presidente de la República, señaló que había avances en derechos humanos pero que faltaba mucho por hacer. El Presidente informó a la Secretaria General de AI que los derechos humanos son respetados; los cuerpos policíacos y los militares son capacitados para que no cometan atropellos en contra de la población; los derechos humanos son un objetivo prioritario del Plan Nacional de Desarrollo y que próximamente se elaborará un programa nacional de derechos humanos. Sobre cada tema y cada cuestionamiento el gobierno tenía una respuesta general; amplia pero vacía de contenido y llena de inexactitudes. Así lo han hecho saber las organizaciones de derechos humanos que trabajan en México y la propia Irene Khan. Más tarde, en conferencia de prensa la Secretaria General de AI señaló el gobierno sufre de un tipo de esquizofrenia, es decir, tiene una percepción distorsionada de la realidad que le provoca delirios, alucinaciones y creencias falsas.
Estas denuncias obligaron al gobierno a una farsa más: El gobernador Ulises Ruiz, cacique de horca y cuchillo en Oaxaca, prometió en septiembre al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez el establecimiento de un fideicomiso para la reparación del daño a 18 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) víctimas de detenciones ilegales y torturas. El CCTI, junto con otras organizaciones independientes, se opuso a la medida, porque reduciría la reparación a unos centavos, que no harían justicia.
2. La realidad
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no hay tampoco determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública en materia de derechos humanos, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.
Lo cierto es que la tortura ha seguido siendo persistente y sistemática; y que precisamente la Agencia de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano sean unos de las principales responsables en usar la tortura, en tanto que la Procuraduría General de la República se ha convertido en juez y parte.
Durante este primer año de gobierno de Calderón el CCTI registro por diversos medios y centros de derechos humanos las denuncias de alegatos de tortura de 150 casos de los cuales pudimos documentar 50 casos esto contrasta con los casos que veníamos documentando en promedio en el sexenio pasado, mostrando una tendencia a incrementar, tratándose principalmente de casos ocurridos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sin que por su puesto estos sean los únicos, como el caso de doña Ernestina en Veracruz.
Está claro que la administración actual ha proseguido con la política represiva de su antecesora, dando paso a una mayor presencia de la fuerzas armadas. No solamente porque ha dejado en la impunidad los casos pendientes -Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, las matanzas de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y Teojomulco, Minera de San Javier y otros, sino que ha ahondado la represión y la tortura, como parte del terrorismo de Estado. Otro ejemplo paradigmático, además del de doña Ernestina, es el de Emeterio Merino Cruz, a quien visitamos en su casa, encontrándolo en estado semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral severo; esto a 2 meses de haber sido torturado.
Al CCTI llegó también el caso de Arturo Duque Alvarado, quien fue detenido y torturado el día 25 de agosto en la población de Chamacua de Michelena, Municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, cuando agentes de la Policía de Investigación Ministerial en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana local y al menos 100 soldados del 40 Batallón de Infantería, incursionaron en la zona de Tierra Caliente supuestamente buscando guerrilleros. El operativo terrorista estuvo bien preparado: Policías y soldados interrumpieron una boda para buscar armas, a sabiendas que en esa región la mayor parte de los hombres adultos tiene algún arma de fuego.
A Arturo le encontraron una pistola; las fuerzas represivas catearon las chozas del pequeño poblado y encontraron más armas, las que le “sembraron” a Arturo para luego acusarlo de ser guerrillero y tener un arsenal. La organización político-militar a la que supuestamente pertenecía el joven, despachó un comunicado que negaba su pertenencia a tal grupo, el ERPI. A pesar de ello, Arturo fue arraigado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. El cual sufrió un juicio irregular, se le condenó por delitos fabricados de que acusan a los presos políticos (acopio de armas de uso exclusivo del ejército, rebelión, asociación delictuosa) y se le recluyó en la cárcel de alta seguridad El Altiplano.
Sin embargo la defensa jurídica del caso y su denuncia pública hizo posible que se le liberara. Todo para justificar la presencia en la zona del ejército fuera de sus cuarteles.
Otro hecho importante fue la agresión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, que fueron reprimidos por la Policía Federal en el mes de noviembre cuando se manifestaban en la caseta de la Venta dejando como resultado dos lesionados y torturados durante su detención.
Otra señal de la escalada de la tortura es la invalidación de los peritajes independientes por los jueces. En su oportunidad, enviamos al IRCT y a otras organizaciones del ámbito internacional, la denuncia de la forma y el contenido de la aplicación de lo que las autoridades judiciales llaman “Protocolo de Estambul”: Se trata de un estudio criminológico que busca retraumatizar a l@s sobrevivientes que se atrevan a denunciar la tortura (ref. Carta dirigida a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres sobre el peritaje a Bárbara Italia Méndez Moreno).
La entonces subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Margarita Espino del Castillo Barrón, consideró el 2 de julio de 2002 como «riesgoso» para las policías capitalinas incluir en el Código Penal local el concepto de tortura conforme al Protocolo de Estambul. «El protocolo -declaró sin que las autoridades le llamaran la atención- establece un concepto de tortura muy abierto, muy amplio, que en un momento dado puede ser riesgoso para la misma autoridad policiaca, porque se considera tortura todo abuso y hay que diferenciar mucho esa situación, ya que tampoco es justo que en algún momento de detención violenta, tanto por el presunto responsable como por el policía, se considere esto como una tortura.» Como se ve, la Procuraduría General de Justicia de la Nación sigue pensando igual, pero ha encontrado mecanismos ilegales para simular no sólo el uso del “Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes”, sino su compromiso internacional al haberlo firmado.
3. Nuestro compromiso
El régimen presidido por Felipe Calderón es un fiel continuador de la administración pasada en su política del “garrote” la represión, la tortura y todas las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado, además de imperar la impunidad. No dudamos que en algún momento Vicente Fox, Felipe Calderón y los demás funcionarios perpetradores serán juzgados y condenados por un futuro gobierno democrático o a través de los organismos internacionales. Desde luego, con los rezagos del gobierno que terminó, con los sucesos ocurridos en torno a las elecciones pasadas y con el nombramiento de un gabinete de seguridad nacional que incluye a funcionarios denunciados como torturadores o protectores de estos, y de un poder judicial supeditado al ejecutivo el futuro inmediato se ve como continuador “corregido y aumentado” de la administración anterior.
Aún más, el actual gobierno mexicano dio pasos para imponer, junto con el gobierno norteamericano, el “Plan México o Iniciativa Mérida”, que no es sino una variante del “Plan Colombia” en la que los EEUU ponen millones de dólares para comprar armas en el nombre de la lucha contra el “narcotráfico”, así como para que sus policías y soldados circulen libremente por el territorio mexicano (ver el editorial del 23 de octubre de 2007 de La Jornada).
Ante esta situación, el CCTI continuará con su labor de dar seguimiento a la situación de la Tortura en el país y de denunciar el papel que los gobiernos vienen asumiendo frente a ésta. Estamos buscando formas de tomar la iniciativa durante el gobierno de Felipe Calderón.
Acompañaremos a los sobrevivientes de la tortura en sus denuncias y buscaremos otras opciones junto con todas las organizaciones sociales y civiles, también con sus familiares, para que no queden impunes estos actos. Llevaremos los alegatos documentados a las instancias nacionales e internacionales para que se juzgue a los autores intelectuales y materiales de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad hasta ahora impunes.
Por todo lo anterior, para nosotros no existe ninguna “transición democrática” ni se juzgaron los “crímenes del pasado”. La situación del ejercicio violento del poder tiene continuidad y adopta formas diversas, desde las décadas oscuras de los años 60 y 70 hasta la fecha.
Por lo tanto recomendamos y respaldamos cada una de las recomendaciones que los organismos internacionales sobre la tortura –Comité Contra la Tortura y Relator Especial de la Tortura de Naciones Unidas- han emitido y solicitado al gobierno mexicano que cumpla desde el año de 1998 a la fecha ambas instancias y que de manera amañada con un discurso progresista hacia el exterior del país a querido cubrir sus deficiencias e incapacidades para no cumplir con dichas recomendaciones.
México D. F. a 15 de enero de 2008
CCTI 
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