El 26 de junio marca el aniversario de la entrada en vigor de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Desde entonces se celebra en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas- el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
La Convención Contra la Tortura es la herramienta clave para combatir la tortura y para hacer cumplir los derechos de los sobrevivientes. Fue diseñada para proteger de la tortura y otras formas de malos tratos a mujeres, niños y hombres en cada país del mundo, de manera que expresa y consolida el deseo de la comunidad internacional, de que la tortura y los malos tratos no puedan ser justificados de ninguna manera:
· No con el pretexto de proteger la seguridad nacional,
· no para interrogar a supuestos terroristas,
· no para forzar una confesión de un supuesto criminal común,
· ni por cualquier otra razón.
· Desde luego que el gobierno mexicano, experto en maquillaje ante la opinión pública internacional, fue uno de los primeros en firmar la Convención Contra la Tortura. Sabemos también que la justicia mexicana es de papel.
· Ese día 26 de junio, pero de 2004, nació el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Hoy, 26 de junio de 2008, queremos honrar a l@s sobrevivientes de la tortura, así como la memoria de los ejecutados durante la misma.
· En estos 4 años el CCTI entró en un remolino de actividades, tanto para la documentación de la tortura como para la atención a l@s sobrevivientes y sus familiares. Si bien durante la llamada «guerra sucia» de la década de los años 60 del siglo pasado el gobierno mexicano lanzó una campaña de tortura y terror sin precedentes, en los últimos años ha hecho lo mismo, pero ahora violando los convenios internacionales que ha firmado, los que tienen – de acuerdo con la insólita ley mexicana – «un valor inmediato inferior a la Constitución», aunque están por encima de las leyes generales de la federación.
· Debemos informar, de acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, que estos dos crímenes de Estado – la tortura y la impunidad – se han convertido en el pan de cada día (una catástrofe), en especial para las luchadoras y los luchadores sociales, para los pueblos indígenas y para los pobres, que suman más del 70% de las mexicanas y los mexicanos y a los que el gobierno ha bautizado con el nombre de «población vulnerable» porque la vulnera, la lastima. Indígenas, trabajador@s del campo y de la ciudad, luchador@s por el derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la salud, a la educación, a la información, han sido sometid@s a la tortura, a veces selectiva, a veces masiva, y con ello al terrorismo de Estado. Nuestra modesta organización, el CCTI, ha atendido más de un centenar de alegatos de tortura. Sabemos que hay muchos casos más, que no se denuncian por miedo o por falta de acceso a una institución que haga algo más que recibir «quejas» o «tergiversar» la información.
· Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura, bajo el pretexto de estar protegiendo intereses nacionales, pero en realidad lo que hacen es inculcar el miedo en la sociedad con la intención de suprimir la legítima lucha política.
· La actual administración calderonista ha mostrado su negligencia y desprecio por los Derechos Humanos, así como su vocación por la continuidad y el aumento, de la tortura y la impunidad:
· Por un lado firma el Protocolo Facultativo, un mecanismo internacional que busca prevenir la tortura mediante un sistema de visitas a todo lugar de detención. Y en la práctica encarga el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a una CNDH supuesta defensora del Estado de Derecho y no del Derecho del Estado (Ver al respecto el informe y ulterior debate de HRW) y además pone a la cabeza de la «prevención» a una comisión de perpetradores formada por las Secretarías de la Defensa, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República. Con ello nulifica la aspiración legítima de muchos organismos de la sociedad civil a que pudiera crearse un verdadero Mecanismo de Prevención de la Tortura y no otra vez más una visitaduría de centros penitenciarios con funciones ampliadas, siempre cómplices. Además, el gobierno muestra su profundo desprecio a los defensores de los derechos humanos, a quienes hostiga y persigue, promoviendo a la vez la impunidad de los actos castrenses con la manutención del fuero militar.
· Por el otro lado mantiene en las calles la presencia militar con el doble discurso de estar «enfrentando a la delincuencia organizada» con grandes operativos y balaceras entre el ejército y el narco, que no acaban por frenar la inseguridad del país pero que si aumentan la violencia y la criminalización de las organizaciones sociales y políticas, de sus líderes e integrantes, que sufren la represión con detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos, cometiendo violaciones de lesa humanidad y sembrando el verdadero terrorismo de Estado. En el corto tiempo del gobierno de Calderón la tortura se ha continuado aplicando por las diversas fuerzas policíacas pero la permanencia del ejército fuera de los cuarteles ha hecho que éste sea actualmente el que mayormente la utilice, existiendo un gran número de quejas en la CNDH por actos cometidos en contra de civiles; al respecto merece especial mención el ajusticiamiento por tortura sexual de la indígena Ernestina Ascencio y la ulterior burla a la opinión pública por parte del presidente de la república y de su «ombudsman».
· Además se ha hecho visible que los estados de la República Mexicana que más enfrentan esta violación son los más pobres (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán) y los que forman la frontera Norte del país.
· Gracias a la absoluta falta de sensatez de los más encumbrados políticos de la nación y de la CNDH, el régimen ha promovido la salida del encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, generando la censura y violentando el derecho de expresión.
· La falta de respeto hacia los derechos humanos es el sello característico del actual desgobierno, comprometido con los intereses de los vecinos del Norte del país -terrorismo de estado, saqueo de los recursos naturales, destrucción del medio ambiente – quienes se dan baños de pureza como paladines de las democracias y que supuestamente promueven los derechos humanos desde Abu Ghraib hasta Guantánamo.
· La militarización que viene viviendo Chiapas con la consiguiente paramilitarización hace que los delitos de lesa humanidad sean una constante, de igual manera el estado de Guerrero vive la militarización – particularmente en Ayutla y en las comunidades Mephaa – lo que significa la ocupación militar interna, una de las consecuencias derivadas de la política de «seguridad nacional». Seguridad para los inversionistas, para la construcción de megaproyectos que pretenden ahogar a las culturas y tradiciones ancestrales en mega-embalses como el que pretende construir la CFE en La Parota. Las detenciones ilegales y agresiones a la Policía Comunitaria de la Montaña han sido la constante para frenar su accionar y deslegitimar su presencia como forma de autodefensa de la comunidades indígenas en Guerrero. Ante tales injusticias, el Código Penal del estado de Guerrero no establece a la tortura como figura delictiva.
· El CCTI ha estado trabajando desde su creación en 2004 en el estado de Guerrero, documentado casos de tortura en diversas regiones del estado; en la región de Tierra Caliente, el aumento de las fuerzas estatales y federales de «seguridad» se ha incrementado, al igual que la región de Costa Chica y la región de la Montaña, de donde recientemente han provenido denuncias por tortura. Además de llevar a cabo actividades de visitas médico-psicológicas a los centros penales del estado, el Colectivo capacita a profesionales de la salud, el derecho y otros afines sobre documentación de la tortura.
· Finalmente, queremos recordar algunas palabras de la Declaración Global contra la Tortura:
· «Recordamos al mundo que la rehabilitación de los sobrevivientes de la tortura no es un acto de caridad, sino un derecho inalienable. Afirmamos también que la restauración de las vidas de los individuos y las familias de los torturados va de la mano con la restauración de las sociedades quebradas.
· «La tortura es una afrenta a la dignidad humana y una amenaza a la seguridad y al desarrollo, tanto local como nacional y global. La tortura ha sido siempre, y lo seguirá siendo, un instrumento de abuso y opresión, no de paz y estabilidad. Por lo tanto, dejemos que el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura nos recuerde a todos que ahora más que nunca debemos insistir y apoyar los principios más fundamentales de los derechos humanos, entre los que está una sociedad libre de la tortura, de manera que algún día podamos alcanzar nuestra meta común: Un mundo sin tortura.»
·Acapulco, Gro. A 26 de junio de 2008
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