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Acapulco, Gro., 19 de junio. Organizaciones internacionales de Derechos Humanos solicitaron al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, garantías de seguridad para defensores de derechos humanos en Guerrero, luego que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan reabrió su oficina en el municipio de Ayutla de los Libres el 16 de junio.

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La Secretaría de Marina (Semar) informó que detuvo a siete policías municipales de Tuxpan, Veracruz, involucrados en el secuestro, tortura y muerte de un cabo de infantería de la Armada de México, a quien se identificó como Wilson. Mediante un comunicado, la dependencia precisó que arrestó a los siete sospechosos en coadyuvancia con la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. El operativo, en el que participó la Agencia Veracruzana de Investigación, también permitió el decomiso de un vehículo oficial de la policía de Tuxpan, marca Suzuki, con número económico IP-30. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el pasado 10 de junio los agentes locales presuntamente secuestraron al cabo en dos vehículos oficiales y luego lo torturaron en las inmediaciones del cementerio municipal.

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Grupos de derechos humanos de la Red TDT se solidarizan con los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, en el marco de la reapertura de su oficina en Ayutla de los Libres, Guerrero
Ciudad de México, a 16 de junio de 2011
Boletín 09/2011
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, es un colectivo que agrupa actualmente a 72 organizaciones en 22 estados de la República mexicana, entre los que se encuentran nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero. La situación de riesgo que viven nuestros colegas defensoras y defensores de derechos humanos tanto del Centro, como de otras organizaciones y grupos de la región ha sido motivo de denuncias, preocupación y de constante monitoreo. Seguir leyendo »

Ciudad Juárez, Chih., 12 de junio. El gobierno de Estados Unidos dio asilo político a la defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado, segunda persona amenazada de muerte en Ciudad Juárez que recibe ese beneficio, luego del periodista Jorge Luis Aguirre.

El abogado Carlos Spector dijo que Jurado cruzó a Estados Unidos en 2010. El 10 de junio fue notificada del asilo concedido y a finales de mes planea realizar una gira por Estados Unidos para denunciar la situación prevaleciente en México.

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El pasado cuatro de junio la Caravana del Consuelo partió de Cuernavaca y el día hoy está en Ciudad Juárez, punto culminante de la misma y razón por la que las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”, expresamos nuestro saludo solidario a la Caravana del Consuelo pues es una de las más importantes expresiones del dolor e indignación que se hace presente en el país.

Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, quien vuelven a poner de manifiesto lo que desde hace años hemos denunciado; que la justicia es inaccesible para la mayoría de las personas que viven o transitan por México.

La Caravana ha dado la posibilidad a que muchas madres, padres o familiares de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos puedan contarnos sus historias, dar cuenta del mal trato y de la total falta de resultados de parte de todas las autoridades – gobernadores, procuradurías, policías, etc.-, tanto locales como federales. Seguir leyendo »

Cinco meses han pasado desde que José Ángel Alvarado Favela recibió una llamada telefónica que lo obligó, a él y a su familia, a abandonarCiudad Juárez, Chihuahua.

“Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo, te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienen 12 horas para dejar la casa y la ciudad, si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado”, le dijeron el 29 de enero de 2011, casi un año después de que su hijo José Ángel, de 30 años, y sus sobrinas Rocío Irene, de 28, y Nitza Paola, de 31, fueran secuestrados por un convoy militar en el municipio de San Buenaventura, cerca de Ciudad Juárez.

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Este viernes 10 de junio se cumplen 40 años del halconazo. Jesús Martín del Campo y Raúl Álvarez Garín, ex dirigentes del movimiento estudiantil del 68, presentaron en la Procuraduría General de la República (PGR) la quinta denuncia de hechos supervinientes y promoción de actuaciones judiciales para el rencarcelamiento del ex presidente Luis Echeverría Álvarez como responsable de las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y por los desaparecidos de la guerra sucia.

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Cuernavaca, Mor. El expediente de la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que los policías municipales que lo detuvieron el pasado 1º de mayo han asegurado que lo entregaron a agentes federales, informó hoy Efraín Vega Giles, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Además, el caso fue remitido al ámbito federal por las declaraciones que ante la PGJE hizo Horacio Sánchez Castelo, quien dijo que fueron municipales quienes lo detuvieron a él y a Jethro y posteriormente agentes federales y presuntamente militares se los llevaron en dos camionetas, aunque a él lo abandonaron desmayado en el municipio de Miacatlán al día siguiente. Según Horacio, los que lo detuvieron durante una riña (sin especificar si eran policías federales o estatales) le dijeron que uno de sus amigos había abierto el hocico de más. Fidel Demédisis Hidalgo, legislador del PRD, afirmó que se citó a comparecer el 9 de junio a Mauricio Vega Chavaje, secretario de Protección y Auxilio Ciudadano; a Leopoldo Díaz Pérez, comandante de la 24 Zona Militar; a Antonio Amado Narro Flores, coordinador de la Policía Federal, y a Aurora de la Mora Alvarado, delegada de la PGR, para que aclaren dónde está Jethro. Hortencia Figueroa Peralta, legisladora también perredista, dijo que en la documentación que le entregó Vega Chavaje no está la puesta a disposición de los detenidos.

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